Raimundo Pedro Buiatti

Ingeniero agrónomo / Amigos del Árbol

Nuestra provincia fue conocida por décadas como el “Jardín de la República”. En alguna época no fue una metáfora sino una realidad territorial, climática y cultural. La vegetación, y en particular los árboles, formaban parte del paisaje y de nuestra vida cotidiana. Ese apelativo, que todavía repetimos con más nostalgia que convencimiento, contrasta cada vez más con lo que hoy muestran nuestras ciudades: incremento de superficies asfaltadas, pérdida de cobertura vegetal y una creciente incapacidad para sostener condiciones mínimas de habitabilidad.

Este cambio no es casual ni reciente. Es el resultado de un proceso sostenido de urbanización sin planificación suficiente, en el cual el árbol fue perdiendo centralidad hasta quedar reducido, en muchos casos, a un elemento decorativo o prescindible. Se lo poda sin criterio, se lo reemplaza sin planificación, se lo elimina cuando interfiere con intereses inmediatos. En ese desplazamiento, no se pierde solo un ejemplar sino que se deteriora todo el ecosistema, ya que no podemos pensar el arbolado urbano como un conjunto de unidades aisladas sino como una infraestructura que cumple funciones esenciales: regula la temperatura, mejora la calidad del aire, amortigua el impacto de lluvias intensas, contribuye a la salud física y mental y organiza, en gran medida, la calidad ambiental de la ciudad.

Las evidencias de este deterioro son cada vez más visibles, y vengo denunciándolo en las páginas de este diario desde hace años. Las olas de calor encuentran en la ciudad superficies que acumulan temperatura sin capacidad de disiparla. Las lluvias intensas generan escurrimientos que el suelo ya no puede absorber. Los barrios más densos y con menor cobertura vegetal se vuelven más vulnerables, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también sanitario y social. Así, la ciudad se fragmenta no solo en términos económicos, sino también en términos de acceso a condiciones básicas de bienestar.

Tras la caída del gomero: solicitan informes sobre el estado de los "Árboles Notables" de la capital

En este punto, el problema deja de ser exclusivamente ambiental y se vuelve también político y nos obliga a preguntarnos: ¿qué lugar ocupa hoy el arbolado en la forma en que pensamos y gestionamos nuestras ciudades? La respuesta es ambigua. Por un lado se reconoce su valor, pero por otro no se lo integra de manera efectiva en las políticas públicas. La existencia de leyes no reglamentadas, la falta de formación específica y la discontinuidad de las acciones dan cuenta de una dificultad persistente: que el arbolado urbano no ha sido asumido plenamente como un servicio público, como lo son el agua, la energía o el transporte, y convertirse en una política de Estado. Podrá objetarse que sus beneficios no se perciben de manera inmediata ni se traducen en una facturación directa, pero su ausencia sí que tiene costos concretos, medibles y crecientes: más enfermedades, mayor gasto en salud, pérdida de productividad y deterioro de la calidad de vida.

Podas ilegales

Asumir el arbolado como servicio público implica, en primer lugar, una responsabilidad indelegable del Estado. No alcanza con campañas de plantación ni con intervenciones aisladas. Se requiere planificación, información precisa, criterios técnicos claros y continuidad en la gestión. Implica también tomar decisiones que muchas veces son incómodas: definir dónde se planta, qué se planta, qué se preserva y qué se evita urbanizar. Pero el problema no se agota en el Estado. La relación de la ciudadanía con el arbolado urbano no es menos ambivalente. En las cartas al director, y entrevistas periodísticas que se comparten aquí día a día, vemos que los vecinos valoran positivamente su sombra, pero también realizan podas ilegales sin que les tiemble el pulso si les parece que los molesta. Es decir que se reclama su cuidado público, pero se lo trata como si fuera propiedad privada. Esta tensión no puede resolverse únicamente con normas o sanciones. Requiere una transformación cultural que solo puede consolidarse a partir de prácticas sostenidas y visibles en el tiempo.

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán

Por último, quisiera poner sobre la mesa una situación que ya no puede ser ignorada por nuestros gobernantes: la desigualdad en el acceso a los beneficios del arbolado. No todos los barrios cuentan con la misma cobertura vegetal ni con las mismas condiciones ambientales. Existen sectores donde la falta de árboles se traduce en mayor exposición al calor, peor calidad del aire y mayor vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. No se trata de ninguna cuestión estética, es un problema de equidad, lo que obliga a un cambio de enfoque. ¿Plantar más árboles? Si, pero con criterio territorial, y priorizando las áreas donde más se los necesita, integrándolos en una lógica de sistema que articule el conjunto de la ciudad. Si el desafío es recuperar ese “Jardín de la república” que en algún momento formó parte de nuestra identidad, debemos reformular con mayor precisión nuestras prioridades y dejar de pensar a la ciudad al margen de su base natural.